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GALICIA | SEGURIDAD PRIVADA

UGT advierte a las administraciones gallegas que no pueden seguir contratando servicios de seguridad con empresas insolventes

En Galicia, unas 5.000 personas trabajan en el sector de la seguridad privada, el 60% depende de las administraciones y de quienes tienen las peores condiciones.

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20/11/2018 | FeSMC-UGT | Galicia

UGT denuncia que estas empresas insolventes no garantizan las condiciones salariales y laborales mínimas de sus plantillas

La Federación Gallega de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) en rueda de prensa en Santiago de Compostela, ha analizado  la situación de la seguridad privada en Galicia dependiente de las Administraciones Públicas, y advirtió que, precisamente, los trabajadores de seguridad privada de éstas instituciones so los que sufren las peores condiciones de trabajo, en algunos casos incluso sin unas condiciones laborales dignas.

En esta rueda de prensa, tanto el secretario general de FeSMC-Galicia, Eladio Romero, como Diego Giráldez, secretario del sindicato de Seguridad Federal de FeSMC, Chus Álvarez, del sector de Limpieza y Seguridad de FeSMC-Galicia y Enrique Llames, responsable gallego de contratación pública del Sindicato Nacional de Seguridad, han advertido que la organización ya ha iniciado, hace unos meses, una campaña relacionada con una contratación pública responsable por parte de las Administraciones, y que, en este sentido, está alerta y observa que muchos contratos con "empresas low cost" compiten a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

UGT exige a las Administraciones que garanticen que la contratación pública sea socialmente responsable, con todo lo que esto conlleva, tanto en el aspecto laboral como en la calidad de la prestación de servicios o en el campo medioambiental.

A la denunciada competencia desleal con bajos costos está contribuyendo, una vez más, la estéril y nefasta reforma laboral,  que insta a derogar por el daño que está haciendo al mercado de trabajo de este país.

Por otro lado, existe una Ley de Contratos del sector público que las administraciones están obligadas a trasadar a todas las licitaciones.

Dentro de esta Ley se contempla la posibilidad de aplicar el Acuerdo Sectorial sobre el de la empresa, que restringiría la implantación de muchas de las nefastas condiciones que algunas empresas de seguridad privada que trabajan para las administraciones aplican a sus trabajadores y, seguramente, la proliferación del "low cost" del sector.

UGT insiste en que continuará con la campaña de sensibilización de contratación responsable en el ámbito de la administración pública. Las administraciones deben garantizar que las empresas que trabajan para ellas respeten las condiciones laborales, o que en caso contrario retiren la concesión.

UGT ya está enviando a todas las administraciones propuestas para incluir en los pliegos de condiciones,  y ya ha conseguido paralizar algún proceso de contratación y tener que rehacerse los pliegos de condiciones de contratación..

Finalmente, UGT insiste en que no se puede consentir que los trabajadores de seguridad privada dependiente de las administraciones sean los que peores condiciones de trabajo tienen. Recuerda que estos son el 60% de los aproximadamente 5.000 trabajadores que el sector tiene en Galicia.

FeSMC-UGT advierte a las administraciones gallegas que no pueden seguir contratando servicios de seguridad con empresas insolventes que no garantizan las condiciones laborales mínimas de sus trabajadores.

FeSMC-UGT advierte a las administraciones gallegas que no pueden seguir contratando servicios de seguridad con empresas insolventes que no garantizan las condiciones laborales mínimas de sus trabajadores.

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